Entre Ríos logró mantener un superávit primario, pero los elevados intereses de la deuda y el déficit previsional ponen en jaque la solvencia financiera. El motor de la recaudación local compensa la parálisis de la coparticipación nacional.
Por Glosa
De acuerdo con un informe del Instituto de Investigaciones del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), el análisis de la ejecución presupuestaria de Entre Ríos al cierre de 2025 revela una administración provincial que navega entre la disciplina fiscal primaria y una profunda rigidez estructural que compromete el resultado final.
En efecto, la provincia logró mantener un superávit primario de $6,5 mil millones, lo que significa que los ingresos operativos cubrieron los gastos de funcionamiento. Sin embargo, la solvencia se desvanece al considerar el costo del capital: los intereses de la deuda ascendieron a $136,7 mil millones, arrastrando el resultado financiero a un déficit de $130,2 mil millones. En términos reales, mientras los ingresos totales crecieron un 7%, el gasto primario lo hizo un 8%, superando levemente la inflación acumulada del 31,5% en 2025.
La recaudación de tributos propios mostró un dinamismo notable con un alza del 12% real, consolidándose como el motor del crecimiento de los recursos. El Impuesto a los Automotores (+89% real) e Inmobiliario Urbano (+57% real) fueron los de mayor expansión, compensando la relativa estabilidad de Ingresos Brutos (+1% real), que sigue concentrando el 70% de la torta tributaria provincial.
La coparticipación nacional, que representa el 51% de los ingresos totales, se mantuvo estancada (0% de variación real), lo que incrementa la presión sobre la recaudación local y torna el problema en un verdadero estancamiento federal.
El 75% del gasto es considerado "rígido" (personal, seguridad social y coparticipación a municipios), lo que limita el margen de maniobra ante crisis. El empleo público absorbe el 42% del gasto total y creció un 5% real en el año.
Por otro lado, se observa una fuerte recuperación de la inversión real directa (+76% real), aunque partiendo de niveles muy bajos tras el reordenamiento de 2024. Pese al salto, la obra pública solo representa el 3% del gasto total.
Como aspectos positivos a considerar tenemos, en primer lugar, ese incremento real del 76% en gastos de capital, lo que marca una vuelta a la ejecución de infraestructura tras un periodo de austeridad extrema. En segundo lugar, la deuda en moneda extranjera bajó del 82% al 71% del total en un año, disminuyendo la vulnerabilidad ante devaluaciones. Por último, la capacidad de la provincia para aumentar su recaudación real en impuestos patrimoniales (automotores e inmobiliario) por encima de la inflación.
Las alarmas se encienden en lo que hace al sistema previsional y de obras sociales, que registra un déficit de $239 mil millones (4,4% del gasto total). Las prestaciones crecen al 10% real, manteniendo una brecha estructural que drena recursos del Tesoro. Por otro lado, si como antes decíamos, la deuda efectivamente bajó, el peso de los intereses ($136,7 mil millones) es el factor que transforma un ejercicio operativo equilibrado en uno financieramente deficitario. Finalmente, el hecho de que un solo impuesto (IIB) explique el 70% de la recaudación propia genera una alta dependencia del nivel de actividad económica general.
De acá hacia adelante se observa una tendencia hacia una mayor relevancia de los recursos propios ante la parálisis de la coparticipación nacional. En 2025 se registró una fuerte recomposición de transferencias discrecionales (+132% real), explicada por la regularización de deudas de ANSES y Consenso Fiscal, aunque aún están un 64% por debajo de los niveles de 2023. El costo estatal por habitante se ubicó en $3,6 millones anuales, una métrica que deberá seguirse para evaluar la eficiencia del gasto corriente hacia el futuro.